Un informe del C.E.L.S y Human Rights Watch (1998) destaca las agresiones más comunes de las fuerzas de seguridad de distintas provincias contra gays, lesbianas, bisexuales y especialmente los grupos de personas trans. Para citar algunas se destacan situaciones de extorsiones policiales, torturas, condiciones inhumanas y degradantes de detención (en personas trans cortarles el pelo, las uñas, desmaquillarlas y obligarlas a mirarse en el espejo; incluso existen denuncias de picanas), violencia verbal y/o física, análisis compulsivos de VIH, acoso sexual o violaciones, estado de indefensión ante las detenciones (en ciertas ocasiones, luego de diez horas de detención la víctima es liberada y tras caminar una o dos calles vuelve a ser detenida, a veces por otras diez horas), entre otras.
Otra práctica habitual por parte de las fuerzas policiales ejecutada en contra de la comunidad LGBT es la realización de procedimientos policiales que consisten en operativos de control localizado que incluyen detenciones, allanamientos y requisas de gran número de personas (conocidos como razzias), y allanamientos a los lugares de encuentro a los que suelen concurrir. En dichos procedimientos se producen gran cantidad de detenciones sin otro motivo que la orientación sexual de las personas prevenidas.
En estos casos el accionar de las fuerzas de seguridad esta caracterizado por amenazas y extorsión de parte del personal policial con “develar el secreto” de su orientación sexual a familiares y amigos vulnerando el derecho personalísimo a la intimidad de la ciudadanía.
Desde la FALGBT impulsamos diversas acciones para garantizar el acceso a la seguridad y la justicia para la población LGBT, entre ellas:
– Implementación del Programa Nacional de Atención a Víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género, a través de convenio con Organizaciones locales LGBT.
– Instrumentación del programa “Policía de enlace” que tenga por objetivo una vinculación directa de las organizaciones del colectivo LGBT con las fuerzas de seguridad en el nivel nacional y niveles provinciales para atender los casos de violencia y crímenes basados en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.
– Elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad ante situaciones de discriminación o violencia producto de agresiones lesbo/homo/trans/bi/fóbicas.