Segunda presentación del informe realizado por la FALGBT para el Examen Periódico Universal de la Argentina

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans es una organización no gubernamental fundada en el año 2005 por organizaciones de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia trabajando por los derechos humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Desde su conformación, la FALGBT asumió el compromiso de conquistar “los mismos derechos con los mismos nombres” de los que gozaba el resto de la población, razón por la cual se planteó como objetivos: la Ley de Matrimonio Igualitario (aprobada el 15 de Julio de 2010), la Ley de Identidad de Género y Atención Integral de la Salud de las Personas Trans (aprobada el 9 de Mayo de 2012), la derogación de los códigos de faltas y contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual en 14 provincias argentinas (otro objetivo alcanzado) y la inclusión de contenidos sobre Diversidad Sexual en la educación sexual integral (también cumplido). Hoy está conformada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho de nuestro país.

Esta es la segunda oportunidad en la que la Federación Argentina LGBT realiza la presentación de un informe para el Examen Periódico Universal de la Argentina, habiendo realizado la primera presentación en el año 2012 para el primer ciclo de evaluación.

El informe elaborado para la presente sesión de evaluación ha sido confeccionado de acuerdo al trabajo realizado por nuestra organización en las distintas provincias de nuestro país con el fin de obtener una mirada federal.

Nuestra declaración hará foco en el análisis de la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en nuestro país. Sin embargo, es imposible abordar la misma sin denunciar en primer término la reciente desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de las fuerzas federales de seguridad mientras se encontraba en una manifestación en favor de los derechos de los pueblos originarios. Tampoco podemos dejar de mencionar la situación de la líder indígena Milagro Sala quien fue detenida en la provincia de Jujuy luego de realizar una protesta por los derechos humanos de sus compañeros y compañeras. Esto configura sin duda un contexto de creciente violencia institucional y represión de la protesta social que durante el último par de años afecta particularmente a los grupos vulnerados.

Con respecto a la población de lesbianas, gays, bisexuales y trans trataremos en este informe: la falta de legislación antidiscriminatoria, los crímenes de odio hacia la población LGBT, la violencia institucional, las personas LGBT privadas de la libertad, la falta de adopción de medidas tendientes a la integración social de las personas solicitantes de asilo y refugiados por motivos de orientación sexual e identidad de género, las normas de códigos contravencionales y violencia policial, la accesibilidad a la medicación antirretroviral para el vih/sida, el incumplimiento de la ley 26.743 respecto al acceso a la salud integral, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta.

Para comenzar queremos destacar la creación de la Dirección General de Políticas Integrales de la Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y de las áreas provinciales y municipales de diversidad creadas en los últimos años de acuerdo a las recomendaciones realizadas desde el Plan de Ciudadanía LGBT realizado por nuestra organización, y la apertura de la Casa Trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un importante hito de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgeneros de Argentina) con el gobierno local; sin embargo vemos con preocupación la falta de asignación de presupuesto para el desarrollo de su labor y cubrir las demandas reales de la población LGBT.

Nos sentimos en la necesidad de hacer hincapié en la falta de una legislación antidiscriminatoria nacional que reconozca a la identidad y expresión de género y a la orientación sexual entre otros pretextos discriminatorios no previstos en la normativa actual. Creemos que hace falta una normativa federal más abarcativa y que brinde mecanismos más efectivos de prevención, reparación y sanción de actos discriminatorios, como propone el Proyecto de Ley nacional que viene impulsando la FALGBT, de igual manera que lo hizo con la Ley contra la Discriminación N° 5.261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente aprobada en 2015. Por lo expuesto nuestro país no ha cumplido con la recomendación realizada por los Estados Unidos Mexicanos por la cual se instaba al estado argentino a tomar todas las medidas necesarias para erradicar toda forma de discriminación hacia mujeres, niños/as y minorías. Si bien logramos la firma de un dictamen de mayoría con un texto de vanguardia suscripto por la mayoría de las fuerzas políticas, no ha habido voluntad política del oficialismo para ponerlo en tratamiento en el recinto.

Con respecto a crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género las estadísticas siguen creciendo, mientras se sigue posponiendo el tratamiento de la Ley Antidiscriminatoria. En el año 2016 ocurrieron en Argentina treinta y un (31) crímenes de odio registrados de acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la observación de los medios masivos de comunicación e información recolectada por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. Estos datos no son exactos, ya que incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por organizaciones sociales.

De acuerdo con el informe es posible afirmar que el 33,4% de los crímenes registrados es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando estos, casos de violencia institucional que particularmente afectan a las mujeres trans. Por lo expuesto exigimos al Estado argentino que arbitre los medios suficientes para cumplir con la recomendación realizada por Costa Rica en la cual se instaba a realizar programas de entrenamiento y fortalecer la educación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad y policiales de nuestro país. Y por otro lado que deje de emitir mensajes desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que avalan la violencia institucional de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a las condiciones detención de las personas privadas de su libertad, la situación es grave y viene empeorando en los últimos años. Tanto en la órbita federal como en la provincial la población de los centros de detención ha sido superada en múltiples casos llegando a la declaración de la emergencia penitenciaria, ya que por celda de dos personas están conviviendo entre ocho y diez. Evidentemente el Estado argentino no ha tomado en cuenta la recomendación realizada por España con respecto a mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, combatir la superpoblación carcelaria y los actos de violencia en prisión. Si bien ha habido modificaciones en el sentido de respetar la identidad de género de las personas detenidas en el último tiempo se ha retrocedido en varios de los derechos reconocidos en los últimos años como por ejemplo el acceso a la educación y al trabajo de las personas privadas de la libertad que ya era vulnerado, pero había encontrado algunos avances en leyes como la de estímulo educativo y otras en el mismo sentido.

Con respecto a la población LGBT privada de la libertad se ha avanzado muy poco aunque podemos destacar que entre el 2012 y el 2015 hubo algunos avances desde los ámbitos federales penitenciarios en los que se ha posibilitado que las mujeres trans (transexuales, travestis y transgéneros) puedan estar en cárceles de mujeres aunque se sigue sosteniendo el binarismo biologicista para la clasificación de internos e internas. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, todavía existen compañeras trans que conviven en cárceles de hombres y que han sido objeto de una mayor discriminación y vulneración en el ámbito carcelario. Muchas de ellas son usadas por el sistema penitenciario, muchas de ellas ejercen la prostitución de forma forzada intra muros y las utilizan para la comercialización de drogas ilícitas. No existen equipos de psicólogos/as para trabajar y acompañar a las personas LGBT en el proceso de encierro y no existen medidas post-penitenciarias de integración. En especial las compañeras trans que recuperan su libertad vuelven a reincidir fácilmente, ya que no hay ningún acompañamiento por parte del Estado.

Con respecto a la política migratoria creemos importante denunciar el decreto de necesidad y urgencia N°70/2017 que modifica de manera inconsulta la Ley de Migraciones N° 25.871 el cual recibió un duro cuestionamiento del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. También modifica sustancialmente el acceso a la ciudadanía para todos los migrantes residentes de hecho, estableciendo requisitos gravosos que no existían en la norma original. Entre otras cuestiones el DNU deroga parte de las garantías de la legislación de 2004, ya que introduce “un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión” y dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las personas migrantes; establece la prisión preventiva de migrantes desde el inicio del procedimiento y aumenta los rechazos de migrantes en frontera, sin las garantías del debido proceso y asistencia jurídica gratuita.

Asimismo el Estado argentino no ha realizado los esfuerzos necesarios para adoptar medidas de integración social para solicitantes de refugio y refugiados y aunque, reconocemos que existe una política de reconocimiento del estatus de refugiados/as muy respetuosa de los derechos humanos que data del año 2006, en la actualidad no existe un mecanismo de asistencia e integración social de las personas solicitantes de asilo y refugiados y solo algunos de ellos y ellas pueden acceder a la ayuda humanitaria básica proporcionada por la ACNUR. Los procesos burocráticos de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) suelen ser por demás extensos a lo establecido por la legislación vigente, generando complicaciones en la integración social de los refugiados.

Con respecto a los derechos humanos de las personas que viven con vih desde fines del año 2016 distintas organizaciones de la sociedad civil, incluida la FALGBT, realizaron denuncias ante las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación denunciando la falta y demora en la entrega de medicación antirretroviral para personas que conviven con vih/sida en clara violación a la Ley N° 23.798 y su decreto reglamentario N° 1244/91.

El derecho a la salud integral de las personas trans se encuentra garantizado por la Ley 26.743 y su normativa complementaria, pero su goce efectivo actualmente se ve limitado, al menos, por varios factores: la resistencia a brindar total cobertura por parte de algunas empresas de medicina prepaga, obras sociales y el sistema público de salud, a los tratamientos hormonales necesarios para la construcción identitaria de las personas trans conforme su expresión de género, así como de las intervenciones quirúrgicas y la falta de capacitación a las/os profesionales de la salud, ya sea en cuanto a los alcances de la norma y el respeto al trato no discriminatorio, como en relación a los tratamientos endocrinológicos y cirugías.

En relación a niñas, niños y adolescentes trans (es decir, las personas trans menores de 18 años), a quienes la ley garantiza también el acceso a la salud integral en relación a los tratamientos hormonales, con inhibidores y bloqueadores, que resultan fundamentales con debido control médico, para el adecuado desarrollo de su salud física, psíquica y social, también se ve vulnerado el acceso a este derecho por falta de capacitación y desconocimiento de las/os profesionales del área. En la actualidad hay muy pocos servicios integrales e interdisciplinarios para infancias y adolescencias trans en todo el país.

Por lo expuesto recomendamos al gobierno de la República Argentina a:

Garantizar el derecho a la protesta y dar protección al trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Poner en tratamiento la nueva Ley de Actos Discriminatorios, sanción de una Ley Integral para personas trans; sanción de una Ley nacional de cupo laboral para personas trans.

Recomendamos desarrollar políticas públicas tendientes a sensibilizar a las fuerzas de seguridad con respecto a los derechos humanos de las personas LGBT, implementar un protocolo de actuación respetuoso de los derechos humanos y evitar mensajes del estado que avalen la violencia institucional.

Recomendamos desarrollar protocolos de actuación en las cárceles con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas LGBT privadas de su libertad.

Desde los poderes políticos y desde la justicia, en todos sus niveles, deben tomarse —con carácter urgente— las decisiones necesarias para terminar con el hostigamiento y la violencia policial a personas LGBT, muy especialmente a las personas trans.

Derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales de todas las provincias que criminalizan a los grupos vulnerados por la discriminación específicamente aquellos artículos discriminatorios del Código de Faltas de la Prov. de Formosa y las «figuras abiertas» y la criminalización del trabajo sexual en varias provincias del país.

Acciones del poder ejecutivo federal que garanticen la efectiva implementación y actualización de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, incluyendo, de ser necesarias, las acciones judiciales pertinentes contra las provincias que la incumplan.

Implementar políticas activas para el abordaje y la resolución de la grave cuestión del hostigamiento escolar, en particular el hostigamiento a niños/as y adolescentes LGBT.

Generar políticas de inclusión e integración social para solicitantes de asilo y refugiados por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Dar cumplimiento a la Ley Nacional Ley N° 23.798 y su decreto reglamentario N° 1244/91 con el fin de garantizar la entrega de medicación antirretroviral y otras en el sistema público y privado de salud. Darle sanción definitiva al proyecto nacional de “Ley de vih, Hepatitis virales y Enfermedades de Transmisión sexual (ETS) que ya tiene dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.